Cley y Junta Liquidadora atendieron a trabajadores de Servicio Socialista de Transporte

Tal como estaba previsto se llevó a cabo la reunión en las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Yaracuy (Cley), con las partes involucradas en el proceso de supresión del Servicio Socialista de Transporte Yaracuy, a propósito de las recurrentes denuncias que interpusieron los trabajadores por presuntas violaciones a sus derechos laborales.

La reunión estuvo encabezada por el legislador Víctor Patrizzi y sus homólogos Wendy Tellechea, Iván Aparicio y por el bloque opositor Carmen Teresa Hernández, así como la Procuradora General del estado, Wilmarys Velasquez, el coordinador de la Junta Liquidadora, José Cabrera y una comisión de la masa trabajadora acompañado de su abogado defensor.

Patrizzi dio a conocer durante la Mesa de Trabajo, que la supresión del Instituto atiende a la situación económica del país y se busca ajustarse a la realidad de los yaracuyanos, por lo tanto se proyecta crear una nueva figura jurídica que satisfaga la exigencia de la población, la cual manifestó debe ser auto-sustentable y auto-sostenible, además de garantizar la eficiencia que tanto reclama el país en estos momentos.

Ante los alegatos y denuncias de los trabajadores, Wilmarys Velásquez, Procuradora General del estado, destacó que la supresión está bajo los preceptos de la Constitución del estado Yaracuy, que faculta al Gobernador Julio León de crear o suprimir instituciones o servicios en aras a reimpulsar el servicio de transporte.

Aclaró que de los 182 trabajadores que dependen del servicio solo 20 están calificados para despido debido a diferentes irregularidades en sus funciones de trabajo, entre las que nombro mal manejo de las unidades, apropiación indebida de los fondos, entre otros.

“Las pruebas de que algunos trabajadores incurrieron en delitos mayores durante el ejercicio de sus funciones, al igual que operadores las tenemos, sin embargo, la intención no es dañar a nadie sino mejorar el servicio”, recalcó la procuradora.

Insistió que a estos 20 funcionarios se les ha garantizado el debido proceso administrativo, además del derecho a la defensa y el pago oportuno de sus prestaciones sociales. No obstante el procedimiento debe continuar según los lapsos establecidos en la Ley.

Por su parte, José Cabrera, ex director del servicio y coordinador de la Junta Liquidadora, informó que el proceso de supresión esta apuntado a mejorar el servicio a través de la adecuación de una logística para la compra de los repuestos, el equipamiento para hacer mantenimiento preventivo a las unidades e instalas los controles eficientes para la recaudación.

“No se permitirán vicios”

En consecuencia de lo expuesto por las partes los legisladores dejaron en claro que no permitirán ningún vicio en los procedimientos administrativos que afecten a los trabajadores, aunque tampoco solaparan a los empleados que se prestaron para dañar el patrimonio público.

Los parlamentarios yaracuyanos acordaron mantener acompañamiento permanente con la creación de una comisión mixta conformada por la Comisiones de Mesa y Política, Contraloría, Servicios y Obras Públicas, y Salud, Sociales, Drogas y Derechos Humanos para que se cumplan con todo los parámetros que exige la normativa.